En el marco de la presentación del libro Derechos y Políticas Públicas: Desafíos Políticos e Institucionales en México, se realizó el Foro Actores de los Derechos Humanos, evento organizado por el Área Académica Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión.
Durante el foro, los autores del libro intercambiaron ideas y opiniones sobre políticas públicas, derechos humanos y su relación con la educación. Miguel Ángel Vértiz Galván, académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), abordó el tema de la educación indígena como un derecho humano.
Desde 2012 “la Ley General de Educación establece muchas garantías para la educación indígena. La Ley de Educación de la Ciudad de México inclusive, de manera muy avanzada, señala que todas las personas tienen derecho a recibir educación en su lengua materna. La educación indígena “Si hiciéramos un repaso, solamente del tema jurídico, vemos que el derecho a la educación de los pueblos indígenas está muy bien reconocido. Habrá algunas cosas que se puedan mejorar, pero está muy reconocido si lo contrastamos con la realidad, pues la población indígena no recibe la educación en los términos que se establece en la normatividad”.
Para el académico de la UPN, esto abre una pregunta: ¿por qué, si están reconocidos los derechos de los pueblos indígenas, los mecanismos de exigibilidad no suceden? “Si uno analiza la ruta jurídica para hacer justiciable el derecho a la educación en los términos que se establecen en derecho a la ley, sería un verdadero viacrucis. “Aunque es un derecho humano, la educación se ve desde una perspectiva asistencial: el Estado es el que tiene que dar la educación, pero no es el individuo el que tiene el derecho a ella, y el Estado te la da en los términos en los que él decide, no en lo que al individuo le conviene”. De acuerdo con lo anterior, el ponente destacó dos puntos fundamentales: uno, que llamó las restricciones institucionales que generan exclusión, pues “si bien está reconocido el derecho, la forma en que se organiza el sistema educativo tiene una serie de importantes restricciones institucionales que tienen que ver con la formación docente, con la asignación del equipamiento en las escuelas, con la ubicación de éstas, con los requerimientos burocráticos para poder darle educación a la persona. “Hay elementos tan básicos como el acta de nacimiento que, no teniéndola, es suficiente para que se eche a andar un mecanismo institucional que genera la exclusión de las personas”. Señaló que a esto habría que sumarle, como un segundo punto, los altos costos de transacción para el acceso al derecho educativo, “que no son sólo los costos económicos, aunque los incluye, pues existen una serie de elementos que tienen que ver con la condición propia de marginalidad; es decir, no poder tener un domicilio (los costos que genera regularizar su casa) y así acreditar una dirección. “Este punto se centra en cosas que se pueden resolver, pero que son costosas en términos de tiempo, dedicación, obtención de elementos, de documentos, etcétera.
Esta combinación de cosas genera un ambiente en el que las personas simplemente son excluidas del disfrute del derecho humano a la educación”. En su intervención, María del Pilar Berrios Navarro, coordinadora del libro, destacó la importancia del año 1991, momento en que México y 170 países más suscriben la Declaración y Programa de Acción de Viena, en la cual los integrantes asumen el compromiso de generar programas y políticas a favor de los derechos humanos. Explicó que en ese año se comienzan a articular las organizaciones civiles. “En ese momento aparecían de manera emergente las organizaciones ciudadanas, apoyadas por un contexto cada vez más democrático. Muchas de ellas venían trabajando desde 1960, pero es en el 91 que deciden articularse, y ya en 1994, el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León favorece la implementación del primer programa de derechos humanos”. En este tema, dijo, existe una diferencia entre una política con enfoque de derechos humanos y políticas públicas, pues mientras la primera “es el marco axiológico que va definiendo un deber ser, el enfoque de políticas públicas nos está marcando el cómo, con quién y para qué hacerlo; en ese sentido, el binomio derechos humanos y políticas públicas aparece”.
De igual forma, agregó que existe una “diferencia entre políticas de derechos humanos” y “políticas con enfoque en derechos humanos”. En las primeras encontramos programas concretos y específicos, incluso actualmente existe una tendencia donde cada Estado elabora sus propias políticas de derechos humanos; por otra parte, las políticas con enfoque en derechos humanos significan que los programas gubernamentales cuenten y respeten los derechos básicos, tales como la alimentación y la educación”. Carlos Ricardo Aguilar Astorga, también coordinador del libro, sostuvo que, según los filósofos, la gran crisis de la posmodernidad es una crisis de conceptos, es por eso que “la mayoría de las veces confundimos todo con todo”.
No sabemos qué es políticas públicas y no sabemos qué son los derechos humanos, así que creemos en las ocurrencias de los gobiernos, quienes te dicen que poner árboles en el camellón es política pública pensada con enfoque de derecho ambiental, pero eso “es sólo un servicio que ofrece un agente gubernamental”. Las políticas públicas resuelven problemas, destacó que “las políticas públicas son construcciones colectivas que van a resolver un problema específico de manera colectiva con una mutua ayuda entre sociedad y gobierno. Aquí la sociedad civil es muy importante, porque si no existen sujetos que se asuman como sujetos de derechos la política seguirá siendo vertical. Si esto sucede entonces hablamos de políticas de gobierno, no de políticas públicas”. Según lo anterior, Berrios Navarro puntualizó que una respuesta gubernamental para resolver un problema social “debe contemplar las características, la cultura y los intereses de los grupos a quienes va destinado ese conjunto de acciones. Necesitamos políticas idóneas que sean producto de diagnósticos situacionales en donde las definiciones de los problemas públicos, desde una perspectiva de los derechos humanos, sean construidos de abajo hacia arriba”.
Al concluir el foro, Aguilar Astorga invitó a los estudiantes a acercarse a este tipo de temas, pues “cuando ejerzan su trabajo te van a pedir una tesis de marco lógico, que llenes un árbol de problemas y uno de objetivos; hasta que expliques cómo se están cumpliendo indicadores, cómo se están planteando metas, etcétera. “Toda esta información de la programación que hay en la actualidad acerca de cómo se ejerce la política educativa. Aunque la Pedagogía se trate de la relación alumno-docente, cuando salgan se verán inmiscuidos en relaciones de poder y en políticas públicas enfocadas a la educación”. Respecto al libro que presentan, María del Pilar Berrios explicó que en el texto “logramos reunir una serie de trabajos e investigaciones con diferentes perspectivas, pero todas coinciden en una preocupación: la falta de garantías de los derechos humanos en México. “Podemos encontrar materiales para saber qué ocurre con la política social del programa Prospera, sobre los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y de la población LGTTBI, siempre tomando en cuenta cómo actúa el gobierno y la sociedad”. Por su parte, Miguel Ángel Vértiz detalló que al final del capítulo “propongo una serie de elementos recabados con la ayuda de las comisiones de derechos humanos, para ofrecer información y asesoramientos sobre cuáles son las instancias donde se pueden solicitar orientación y realizar procedimientos. Reformas sobre simplificación administrativa, acerca de formación, equipamiento en las escuelas, etcétera”. Coordinado por los doctores Carlos Ricardo Aguilar Astorga y María del Pilar Berrios Navarro, a lo largo del texto se muestra cómo los marcos institucionales y políticos que entraña la perspectiva de derechos humanos son instrumentos efectivos para atenuar, e incluso revertir, la desigualdad real y también someter a cuestionamiento profundo a las instituciones sociales y públicas. La positivación al derecho de los derechos humanos ha logrado que existan espacios institucionales que permiten a diferentes sujetos sociales constituirse en sujetos de derecho, lo que a su vez ha dado instrumentos para su exigibilidad y su consecuente vigencia, uno de ellos, fundamental, es el espectro de políticas publicas.